El Tribunal Judicial Supremo escucha argumentos sobre la constitucionalidad del control de alquileres; la religión centra el debate.

Por Kimberly Rau, MassLandlords, Inc.

El Tribunal Judicial Supremo celebró la audiencia de la demanda judicial presentada contra la pregunta de la boleta electoral sobre control de alquileres de 2026 el miércoles 6 de mayo, donde los argumentos orales se centraron principalmente en la exención religiosa incluida en la ley propuesta. MassLandlords presentó escritos amicus curiae en apoyo de la demanda, los cuales fueron entregados a los jueces del caso.

Una escena de la sala del tribunal, desde el punto de vista del juez, muestra a un hombre con traje hablando en un atril. Otros abogados y asistentes pueden verse en el fondo.

El abogado Edmund Daley III comienza a hablar durante la audiencia del 6 de mayo sobre el control de alquileres en el Tribunal Judicial Supremo. (Imagen: Dominio público)

La audiencia sobre el control de alquileres fue la tercera en el calendario de la mañana, después de una audiencia sobre la auditoría estatal de la legislatura, que aún no se ha realizado después de que los votantes la aprobaran en la boleta de 2024, y una audiencia que disputa la legalidad de instalar estatuas religiosas fuera del nuevo complejo de seguridad de Quincy.

Esos casos atrajeron amplia atención mediática y convocaron a una gran audiencia en la sesión. El director ejecutivo de MassLandlords, Doug Quattrochi, y otras personas que llegaron a la Casa Estatal después de que la sala alcanzara su capacidad observaron los argumentos desde una sala adicional. (La autora de este artículo siguió la transmisión en vivo de la audiencia a distancia).

“Estuve despierto desde las 5 a. m. para tomar el tren desde Worcester, pero igual no logré entrar. Fui la primera persona enviada a la bendita sala adicional. Al menos pude estrechar manos después”, dijo Quattrochi.

Los argumentos principales giran en torno a la religión

El abogado Edmund Daley III, del bufete Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky & Popeo, presentó argumentos contra la pregunta de la boleta electoral sobre control de alquileres. La fiscal general adjunta Phoebe Fischer-Groban presentó argumentos en nombre del estado, que certificó la pregunta de la boleta electoral.

Los argumentos escritos presentados contra la ley propuesta incluían muchas razones por las cuales la pregunta es inconstitucional y debería ser eliminada de la boleta, pero, para sorpresa de muchos, los argumentos orales se enfocaron principalmente en la parte de la pregunta de la boleta electoral que exime a las instituciones religiosas del control de alquileres.

El abogado Daley argumentó que el Artículo 48 de la constitución estatal prohíbe que asuntos de religión sean sometidos al público mediante una pregunta de la boleta electoral. La exención, afirmó, convierte a la pregunta sobre control de alquileres en un asunto religioso.

“Las unidades utilizadas exclusivamente para fines religiosos reciben un beneficio bajo esta ley propuesta que otros usos seculares no reciben”, dijo Daley a los siete jueces reunidos.

Daley señaló que el propósito del Artículo 48 era evitar que la religión se infiltrara en el proceso electoral, y añadió que si la pregunta de la boleta electoral fuera aprobada, la religión se convertiría en un factor determinante para establecer si un edificio está sujeto al control de alquileres. Eso, sostuvo Daley, podría dar lugar a debate político público sobre si las religiones reciben una ventaja.

Los jueces plantearon preguntas sobre la afirmación de Daley, incluida la jueza Dalila Argaez Wendlandt, quien sugirió que la exención religiosa podría no tener mucho peso, porque la exención para organizaciones sin fines de lucro incluiría a la mayoría de las iglesias de todos modos. Sin embargo, parecieron igual de poco dispuestos a aceptar la idea de que la religión fuera irrelevante, como sostenía el estado.

Una escena de la sala del tribunal, desde el punto de vista del público, muestra a un hombre con traje hablando con una mujer con traje de negocios. Las sillas de los jueces están vacías al fondo.

El abogado Edmund Daley III y la fiscal general adjunta Phoebe Fischer-Groban conversaron brevemente después de que concluyera la audiencia. (Imagen: Dominio público)

El estado argumenta que no se pretendió otorgar trato preferencial a las religiones.

La abogada Fischer-Groban tomó la palabra y respondió que la pregunta de la boleta electoral no otorgaba ventajas adicionales a las instituciones religiosas. El juez Serge Georges Jr. cuestionó esa afirmación.

“Según cómo está redactada [la pregunta de la boleta electoral], va a invitar al debate sobre si la vivienda religiosa debería recibir trato preferencial”, dijo. Fischer-Groban respondió que no estaba claro qué ventajas recibirían los grupos religiosos, una declaración curiosa dado que la ley los eximiría por completo del control de alquileres.

“Si una unidad que de otro modo estaría sujeta a la ley no lo está porque está relacionada con la religión, ¿cómo no es eso otorgar trato preferencial?”, preguntó Georges a Fischer-Groban.

Fischer-Groban afirmó además que las instituciones religiosas eran solo una de varias excepciones descritas en la pregunta de la boleta electoral, incluidas las organizaciones sin fines de lucro, y que por lo tanto la pregunta de la boleta electoral no señala exclusivamente a las instituciones religiosas.

“No solo enumera organizaciones sin fines de lucro”, respondió la jueza Wendlandt. “Podrían haberse limitado a eso. Enumera instituciones religiosas”.

Los jueces también cuestionaron otros aspectos de la pregunta de la boleta electoral, incluida la sección que exime solo a algunos alquileres a corto plazo. Fischer-Groban dijo que la pregunta era “justa y precisa”.

“Si un votante tiene inquietudes sobre el alcance de la ley, puede votar no”, dijo.

“Si la entiende”, respondió Georges.

La cláusula de expropiación pasa a segundo plano y recibe mínima atención

Hacia el final de los 15 minutos asignados al abogado Daley, el juez Scott Kafker le pidió que dejara el tema religioso y abordara brevemente la presunta violación de la cláusula de expropiación, otro argumento contra la pregunta de la boleta electoral.

Daley dijo al tribunal que la pregunta de la boleta electoral revocaría el Capítulo 40P, eliminando así el derecho de los proveedores de vivienda de alquiler a recibir compensación.

“Esta petición… no proporciona a [propietarios y dueños de inmuebles] ninguna capacidad para recuperar costos ni para reconocer un ingreso operativo neto justo para su propiedad”, comenzó. Algunos jueces cuestionaron si los límites de alquiler incorporados en la propuesta no permitían, de hecho, un margen de ganancia.

“Lo que no incorpora… es la capacidad de que un propietario pueda obtener una exención del límite de control de alquileres para afrontar costos, para afrontar dificultades”, continuó Daley. Eliminar el Capítulo 40P es “enorme”, dijo.

“No permite que esas personas ajusten el alquiler en función de los costos en que están incurriendo y que no tienen nada que ver con la inflación”, afirmó.

El estado no comentó de forma extensa sobre la cláusula de expropiación, y en cambio utilizó todo su tiempo para abordar la exención religiosa.

Conclusión

Aunque los argumentos orales se limitaron a solo unos pocos puntos principales, los jueces también tendrán la oportunidad de leer los argumentos escritos presentados por ambas partes, así como los escritos amicus curiae, antes de emitir un fallo.

El tribunal puede tomarse su tiempo para decidir el caso, pero probablemente necesitará hacerlo antes de que la boleta electoral quede definida este verano.

Vea la audiencia completa – nuestro caso comienza justo alrededor de la marca de 1:59:00.

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